Nuestros Pueblos, Reflexión

NUESTROS PUEBLOS

Reflexionar sobre los pueblos originarios  requiere, ante todo, considerar los procesos históricos y sociales que, desde un único relato  homogenizaron  las experiencias, y si bien lo posicionan como un significante de identificación  (pueblos indígenas, originarios) en términos etnopolíticos remite a componentes constitutivos –demográficos, laborales, cosmogónicos- que  se amalgaman  fundamentalmente frente a las múltiples opresiones.

Sobre todo, luego del quiebre del orden colonial, la organización socio política comunitaria fue debilitada por las acciones represivas directas, como la escuela como factor de deculturación, y los procesos de salarización. No obstante, algunas condiciones, como la difícil accesibilidad y la incapacidad de las instituciones de estatalidad para sostener los proyectos integrativos, dejaron una brecha para el desarrollo de prácticas resistentes, basadas en la tradición y en la diferenciación y desconfianza hacia lo “foráneo”.   Curiosamente, simultáneamente, se afirmaba a   que la Argentina era un crisol de razas de origen europeo.

Por otra parte, el estado no tomó en cuenta los estudios antropológicos que permiten iluminar las actuales condiciones y recurrió a la invisibilización del problema, a la violencia material y simbólica, y nuevamente a la vulneración de las personas, generando una paradoja: democracia no democrática. El derecho de Santiago a la solidaridad no ingresa en la agenda de este estado,  el derecho de los pueblos se minimiza, son pocos, son familia, etc. Sin tomar en cuenta la organización social en familias extensas,  o el carácter situado de los territorios. No vamos a abundar aquí –hay extensa bibliografía sobre el tema- sobre el argumento de un territorio vacío, metáfora del desierto,  que abonó las ocupaciones de los territorios ancestrales, ni sobre las estrategias de colonización. Esos procesos reales y ampliamente documentados generaron múltiples conflictividades.

Existe, por ejemplo, una tensión conceptual entre las comunidades entendidas como unidades sociales y productivas basadas en el territorio y el parentesco, y las “neo-comunidades” que por el mismo proceso histórico, se mantienen como referentes territoriales de bastas redes de parentesco extendidas donde se combinan distintas formas de inserción laboral, niveles educativos y residencias.

No se toma en cuenta, una trayectoria de investigación que va desde Fanon hasta Bhabha, sobre la situación de los oprimidos, y que hace hincapié en el hecho de que las identidades subalternas se sitúan en el campo de la incertidumbre, La condena al silencio y la negación.

La ideología del encubrimiento que orienta el tratamiento de la cuestión indígena  pretende  integrar a la población aborigen y subsumir sus intereses en términos de la sociedad civil, tendiendo a anular su especificidad, o al menos invisibilizarla. La ideología integracionista ha permeado las políticas concretas a lo largo de la historia, desde los modelos de inclusión en el campesinado pobre en calidad de arrendatarios, a aquellas pretensiones civilizatorias y uniformizadoras a través de las instituciones de estatalidad (escuela, ejército, centros asistenciales) o religiosas (evangelización, manejo de tiempo espacio a través de las obligaciones laborales y control directo). Aún después de la reforma constitucional con el reconocimiento de la pre existencia de los pueblos originarios, subsisten las dificultades prácticas que entorpecen los procesos de entrega de tierras con sus correspondientes títulos. La creación de organismos que tratan específicamente la cuestión indígena en el ámbito de desarrollo social primero y de la Secretaría de Derechos Humanos luego,  con la meta de realizar las tareas de registro, relevamiento y diagnóstico con vistas a detallar las demandas, determinar su legitimidad, realizar las tareas topográficas que incluyen mensura y deslinde y proceder a la entrega de los títulos correspondientes, se interrumpieron. ¿Cuáles son los intereses comprometidos en evitar logros? Quedan claras las relaciones de poder: el indígena debe  de – mostrarse, los representantes del estado moderno juzgan con pretensión de verdad.

Sostenemos que la organización  indígena ha sido a lo largo de los siglos resistente pero dinámica,  y de allí que se plantea como una organización que pre existe a los individuos y moldea sus prácticas y representaciones a través de reglas compartidas por sus miembros, supone una historia común, y un territorio –no tierra- sino una cultura puesta en acción en el espacio, esto es un conjunto de condiciones materiales y simbólicas que hacen posible la reproducción de la vida colectiva, y por ello no es equivalente cualquier espacio, así tenga condiciones ambientales similares, por eso su lucha es por el territorio de sus ancestros.

En esta dimensión se torna  ostensiva la disonancia entre las estipulaciones jurídicas y las formas asociativas indígenas que  funda –primariamente- la inequidad en el acceso a la justicia.

El  reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios  entra en tensión en su implementación con las formaciones económico-sociales y construcciones culturales, legalizadas y en general naturalizadas por las sociedades nacionales, en la medida que las interpela desde otras lógicas de enunciación y otros intereses materiales, de allí que aunque se enuncie que deben ser consultados sobre la acción en cualquier territorio en litigio, esto no ocurre, creando las condiciones del conflicto

Si además  la historia documenta  procesos de desigualdades múltiples, en términos de expansiones, dominaciones, resistencias, revoluciones, a través de las cuales se constituyó el mundo colonial-moderno actual, con sus hegemonías y dispositivos de dominación ideológica y material, dentro del cual la juridicidad es un valor estructurante; entonces, el camino habilitado para acceder a estos derechos, conduce en principio a la justicia del “otro” dominador con sus formas prácticas, materiales y simbólicas de reproducción cotidiana de las relaciones sociales. Reivindicar el derecho a un pensamiento otro  es aportar a la diversidad responsable, y a la validación de una democracia efectiva.

Por ello más que nunca APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO

Elena Belli – Secretaria de Extensión Universitaria